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Colombia, 29 de julio de 2014

Reforma de la salud en Colombia (voces a favor y en contra)

BESAME | Enero 26 de 2010
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El vuelco al sistema de salud en Colombia, que arrancó el pasado viernes con la expedición de un paquete de decretos amparados en la Emergencia Social declarada por el Gobierno para conjurar la grave crisis financiera que afronta el sector, ya comenzó a crear incertidumbre entre los médicos, las agremiaciones que reúnen a las EPS y los usuarios, por sus probables efectos futuros no sólo sobre la calidad del servicio, sino porque, para algunos expertos, los pobres terminarán financiando el sistema de salud.

Aunque el domingo el ministro de Protección Social, Diego Palacio, junto con un grupo de asesores, resolvieron las dudas de los ciudadanos en torno a la reforma al sistema de salud, durante un programa de televisión que duró varias horas, la incertidumbre por lo que viene es cada vez mayor. El temor general es que se restrinja el acceso a ciertos tratamientos por cuenta del decreto 128, que modifica a profundidad la prestación de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), hoy llamados Prestaciones Excepcionales de Salud, a los que usualmente los pacientes acceden a través de la acción de tutela.

Precisamente, debido al crecimiento en la demanda de estos servicios (que para el Gobierno pone en riesgo los recursos destinados al aseguramiento y la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud) se ordenó por decreto que la prestación excepcional de salud, por regla general, debe tener previa aprobación de un comité técnico-científico.

Este punto tiene un ingrediente que ya es objeto de polémica, debido a que para gozar del servicio el afiliado debe demostrar capacidad de pago para financiar los tratamientos y medicamentos. Los pacientes que no cuenten con recursos podrán acudir al Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonprés). Lo preocupante es que como éste seguramente no cubrirá la totalidad de los costos, los usuarios tendrán que endeudarse y, en el mejor de los casos, pagar con el dinero de sus cesantías o del fondo de pensiones.

¿Cómo medir esa capacidad de pago?, es un asunto que aún está pendiente de reglamentación.

Juan Manuel Díaz Granados, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), advierte que el dinero de la salud es para atender las necesidades básicas de todos los colombianos y en ese sentido, lamentablemente, habrá que priorizar. Por ejemplo, cada año el sistema de seguridad social debe pagar $50 mil millones en tratamientos con la hormona del crecimiento y otro tanto en cirugías bariátricas para personas con problemas de obesidad.

Y aunque para Granados esta reforma es buena porque busca garantizar la cobertura universal en salud, hay que hacerla sostenible y tener claro cómo unificar el POS.

“Nuestro temor es que no se pueda arreglar la totalidad de los problemas que aquejan al sector, como la conciliación de las deudas entre las EPS y el Gobierno”, expresa Granados.

De otra opinión es Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación de Sociedades Científicas, quien cree que en la reforma no hay soluciones de fondo y ve con preocupación que, por cuenta del decreto 131, la labor de los médicos se restrinja a un manual. Según esta norma, los profesionales de la salud que se aparten de los estándares definidos para los tratamientos, medicamentos e insumos que deben utilizarse en ciertos casos, serán sancionados económicamente.

Saúl Peña, presidente del sindicato del Seguro Social, advierte que los médicos quedarían imposibilitados para ejercer su práctica, “pues no podrían prestar los servicios de manera integral y oportuna”.

El candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro, sentenció que “restringir el ejercicio ético de los médicos al prohibirles recetar fármacos y realizar procedimientos que se encuentran fuera del POS, viola el derecho a la salud de los colombianos”.

Sin embargo, el ministro Palacio defiende las medidas y anota que “los decretos expedidos fueron para universalizar la prestación del servicio y unificar los planes de salud”. El presidente Uribe aseguró este fin de semana, durante el consejo comunal en San José del Guaviare, que los decretos garantizan el mantenimiento de la afiliación de 41 millones de personas.

A esta proclama se sumó Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, quien está contento por haber participado en las decisiones relacionadas con este reforma a la salud, “que busca mejorar un sistema que estuvo al borde del colapso”.

El debate apenas comienza. Mientras el presidente Uribe le pedirá al Congreso que los decretos se conviertan en legislación permanente, algunos médicos de la Federación Odontológica lamentan que las medidas no incluyeron a todos los profesionales de la salud. Los usuarios temen no poder continuar sus tratamientos por cuenta de este revolcón que tiene en expectativa al país.

Fuente: elespectador.com



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