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La transferencia errónea se produjo debido a un error administrativo del gobierno provincial, que depositó una suma muy superior a la que Acosta esperaba recibir. Sin saber el origen del dinero, gestó gran parte de la suma en compras y transferencias a familiares.
Según se conoció, Acosta realizó 66 movimientos con el dinero, incluyendo la compra de un auto Ford Ka modelo 2014 o 2015, dos televisores, una nevera, un microondas, una freidora y elementos decorativos para su hogar. También envió dinero a varios familiares, haciendo 66 transferencias distintas.
La justicia argentina intervino en el caso y logró recuperar más del 90% del dinero transferido y, a raíz de lo sucedido, Acosta y cinco familiares fueron imputados por defraudación al Estado y retención indebida.
Por tanto, la jueza ordenó que cada uno pague una fianza de $30 millones para evitar la prisión preventiva, según detalló ‘La Nación’.
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El caso ha generado una gran controversia en Argentina, con muchos cuestionando el actuar de Acosta y sus familiares. Hay quienes señalan que la mujer y sus familiares actuaron de manera irresponsable y que deberían ser castigados por su comportamiento. Otros, sin embargo, consideran que el error fue del Estado y que Acosta y sus familiares no deberían ser penalizados tan severamente
La defensa de Acosta y sus familiares argumenta que no son estafadores y que el error fue del Estado. Consideran que la fianza es “exorbitante e imposible de cumplir” y que la prisión preventiva es una medida excesiva.
La Fiscalía, por su parte, acusa a Acosta y sus familiares de una “maniobra delictual” para vaciar la cuenta y beneficiarse indebidamente. Consideran que la mujer y sus familiares actuaron con mala fe y que deberían ser castigados por su comportamiento.